Gabriela Hernández, conocida en redes
sociales como Luna Flores, fue sentenciada hoy a un año y tres meses de
prisión por cargos de ultrajes a la autoridad, un tipo penal con el que
se le encuadró el hecho no comprobado de haberle gritado a dos policías
“puercos asalariados”.
Gabriela Hernández, conocida en
redes sociales como Luna Flores, fue sentenciada hoy a un año y tres
meses de prisión por cargos de ultrajes a la autoridad, un tipo penal
con el que se le encuadró el hecho no comprobado de haberle gritado a
dos policías “puercos asalariados”.
La activista social debe pagar una multa de 19 mil pesos y enfrentar la suspensión de sus derechos políticos.
La
sentencia fue emitida por la juez penal de delitos no graves Marcela
Ángeles Arrieta, quien en los últimos meses se ha visto señalada como
“juez de consigna” por numerosos grupos sociales del país y del
extranjero, debido a que fue ella quien también condenó a Jorge Mario
González García, exalumno del CCH Naucalpan, acusado sin pruebas de
diferentes delitos.
Luna Flores fue detenida e ingresada al penal
femenil de Santa Martha Acatitla, luego de que un grupo de la Policía
Judicial del Distrito Federal, en compañía de granaderos, la detuvo y
golpeó severamente a finales de octubre pasado.
De acuerdo con la acusación, la mujer de 48 años había agredido a uniformados que vigilaban las puertas del llamado búnker policiaco, donde estaban detenidos decenas de jóvenes la noche del 2 de octubre de 2013.
Gabriela
Hernández aseguró que ella se encontraba en el interior del inmueble
esperando noticias sobre la situación de una joven conocida, cuando
llegó un grupo de inconformes que arremetió contra los policías.
Además de su declaración, en diferentes entrevistas sostenidas con Apro
aseguró que en ningún momento confrontó o agredió a los agentes, que la
acusan de lanzarles múltiples objetos y llamarlos “puercos
asalariados”.
La versión de la acusada fue corroborada por un video de Efekto Noticias, donde se observa a la activista sentada en las butacas de acceso, mientras en el exterior del inmueble ocurre la zacapela.
Pese
a que el delito es no grave, Ángeles Arrieta se negó a concederle a la
activista la libertad bajo caución, bajo el argumento de que era una
persona de “peligrosidad social” por su asiduidad a las marchas.
Estando
presa, los señalamientos contra la mujer –madre de dos jóvenes y que
hasta su detención era trabajadora doméstica– se incrementaron al grado
de que el secretario general del gobierno capitalino, Héctor Serrano, la
responsabilizó de organizar desde prisión el rechazo al incremento en
las tarifas del Metro que en redes sociales se propaló con la etiqueta
#Posmesalto.
Los casos de Jorge Mario González y Luna Flores se
remiten a los hechos del pasado 2 de octubre, cuando la marcha
conmemorativa de la masacre de Tlatelolco desbordó en violencia y
numerosos excesos de la policía capitalina.
Sin embargo, ninguno
de los dos fue detenido durante la movilización y las imputaciones que
se les han hecho están fundadas en los dichos de policías del Distrito
Federal.
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