El nuevo sexenio de Televisa, por Jenaro Villamil
El nuevo sexenio de Televisa inició, paradójicamente, en junio de
2012, un mes antes de las elecciones presidenciales. Fue el último mes
de poder real del errático gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Ese
mes, la Comisión Federal de Competencia aprobó la decisión más polémica
del sexenio en materia de telecomunicaciones y quizá el error más grave
que amarró al gobierno siguiente (cuando ya todo indicaba que el PAN no
iba a repetir en Los Pinos). En ese mismo mes, a Calderón le quedó claro
que la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, no ganaría la elección
presidencial y necesitaba blindarse.
La decisión polémica fue la
aprobación de la fusión de Grupo Televisa con Iusacell, propiedad de su
presunto competidor en televisión abierta, TV Azteca. La fusión
convirtió a ambas empresas en socios irremediables en una
aventura cuyo objetivo central era competirle al gigante de
telecomunicaciones Telmex-Telcel, en uno de los episodios más de esa
guerra entre ambos polos, muy similar al fenómeno de la guerra de
cárteles. La fusión demostró la capacidad de poder político del grupo
encabezado por Emilio Azcárraga Jean y Bernardo Gómez que llegaron a
Televisa en 1997.
Para nadie es un secreto que Televisa ganó mucho
más poder político en el sexenio de Felipe Calderón que cualquier otra
empresa del sector, incluyendo a Axtel o Avantel, presuntas compañías
que estaban destinadas a ser las “consentidas” del presidente panista.
TV Azteca y Grupo Salinas se enriquecieron como pocos, y Slim optó por
expandir sus tentáculos en el extranjero a través de América Móvil, su
verdadera joya de la corona.
A cambio, Televisa avanzó en su
proyecto de telecomunicaciones, sin ningún freno real. Compró Bestel,
llegó a concentrar el 55 por ciento del mercado de televisión
restringida (vía Sky, Cablevisión, Cablemás y TVI), obtuvo generosas
condonaciones fiscales por parte del gobierno y, por si fuera poco,
nulificó en los hechos la reforma electoral del 2007 que afectaba sus
intereses (la prohibición de la venta de espacios en la pantalla) y
frenó la entrada de Telmex al mercado de la televisión restringida (la
modificación del apartado 1.9 del título de concesión).
Los
intereses de Televisa se cumplieron por una debilidad elemental de
Calderón: su falta de legitimidad de origen, tras la crisis poselectoral
del 2006, y la necesidad de contar con el apoyo tácito o explícito de
la empresa de televisión más grande del país para justificar su guerra
contra el narcotráfico que, a todas luces, dejó a México ensangrentado y
fortaleció a los cárteles, en lugar de dividirlos.
Paradójicamente,
la mejor prueba del poder de Televisa en el sexenio de Calderón fue el
triunfo del político priista Enrique Peña Nieto, con quien establecieron
un convenio de cobertura, publicidad y manejo de imagen desde octubre
de 2005. Ambos han negado una y otra vez que existan “pruebas reales” de
ese convenio, pero todos los mexicanos lo vimos en pantalla, lo
observamos y Peña se convirtió, muy a su pesar, en el “candidato
Televisa”. Pasó de ser un político mexiquense desconocido a nivel
nacional, a ser la figura más difundida y publicitada en Televisa y TV
Azteca. Y esto se logró con mucho dinero y alianzas con la compañía de
Azcárraga.
El segundo sexenio al hilo de Televisa se cocinó
durante la polémica fusión con Iusacell. ¿Por qué? Gracias a su
capacidad de presión y chantaje, los ejecutivos de la empresa de
Azcárraga Jean lograron modificar el dictamen original de la Comisión
Federal de Competencia (el 24 de enero de 2012 el organismo regulador
rechazó por 3 votos contra 2 la fusión) para que en junio de 2012, un
mes antes de la elección, Calderón diera “línea” y la CFC modificara su
dictamen: 4 votos contra 1 fue aprobada la fusión.
El cinismo
estuvo abierto desde el principio en este episodio. ¿Recuerdan cuando
Televisa y TV Azteca se fueron a la yugular en contra del columnista
Miguel Angel Granados Chapa, quien reveló en enero de 2011, en su
columna “Plaza Pública”, el plan de fusión monopólica? En abril del
mismo año, los mismos que acusaron a Granados Chapa de mentir, de
inventar, de trabajar para los intereses de Telmex y otras lindezas que
gustan repetir cada vez que se trata de desacreditar, aceptaron el
proyecto.
La fusión de Televisa-Iusacell marcó un cambio
estructural y transexenal. Esa poderosa alianza perdurará en el sexenio
de Peña Nieto porque representa un pacto de poder político de ambas
televisoras, no un simple asunto de competencia económica. Y en ese
pacto, la voz cantante la llevan los “Cuatro Fantásticos” de Televisa y
el trabajo sucio, de vez en cuando, lo realizan los ejecutivos de TV
Azteca.
Originalmente, la fusión iba a incorporar otras
condicionantes para frenar el poder generado por este matrimonio de
conveniencia. Calderón frenó esos otros temas. Sólo se incorporaron 6
condicionantes: la licitación de las dos cadenas de televisión digital
abierta “a más tardar el 30 de noviembre de 2012”; la no discriminación
de la venta de publicidad en las pantallas de Televisa y TV Azteca; la
prohibición de las “ventas atadas” a la contratación de servicios de
Iusacell; la venta separada de contenidos de televisión abierta y
restringida; la prohibición de que Televisa participara en la empresa Total Play, de Salinas Pliego.
Como
se observará, el tema de las dos cadenas no se ha cumplido hasta la
fecha y lo tratan de prolongar a través de múltiples presiones a través
de la presidencia de la República y al interior del nuevo organismo
regulador (IFT); el asunto de las ventas atadas continúa con múltiples
subterfugios y, lo más importante, frenaron otras condicionantes que sí
afectaban su poder dominante en el mercado.
Entre esas
condicionantes originales que Cofetel y CFC discutieron estaban las
siguientes: la desagregación de activos de Televisa, sobre todo, en
materia de televisión restringida y freno a la propiedad cruzada; la
reestructuración de la banda 2.5 Ghz (tema polémico con MVS) ya que
Televisa acusó a la empresa de Joaquín Vargas de subutilizar y tener un
“monopolio” (el burro hablando de orejas); la liberación de la banda 700
Mhz, conocida como “dividendo digital”, donde Televisa y TV Azteca
poseen el 78 por ciento de sus llamados “canales espejo”; la política de
Televisión Digital Terrestre (TDT) o el famoso “apagón analógico” que
ambas televisoras han bombardeado; y, el cumplimiento del must carry y del must offer que Televisa ha tratado de eludir de mil maneras posibles.
Todos
estos temas se incorporaron a la agenda de buenas intenciones del Pacto
por México, el 2 de diciembre de 2012. A Peña Nieto le convenía
quitarse el estigma del “candidato Televisa” y mandar una señal de poder
frente a la compañía de Azcárraga Jean. PAN y PRD, envalentonados, lo
firmaron. Sonaba bien. Parecía un buen guión para democratizar el
régimen de medios y abrirle una competencia real a Telmex-Telcel.
En
la reforma que modificó los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de
la Constitución más 17 transitorios claves, en abril de 2013, se
incorporaron varios ordenamientos con la promesa de cumplir los buenos
propósitos del Pacto por México. La mano de Televisa se dejó sentir
durante la discusión legislativa. Eso lo han denunciado, entre otros
legisladores, Javier Corral, Manuel Bartlett, Alejandro Encinas.
A
pesar de eso –y de cambios sustanciales a la iniciativa original- la
reforma constitucional marcó plazos, tiempos y ordenamientos que se
dejaron para la legislación secundaria. Esta se debió aprobar, a más
tardar, el 15 de diciembre de 2013. Los legisladores y el gobierno
simplemente se hicieron guajes. La prioridad en ese momento, para ambos,
era la reforma constitucional en materia energética.
Ahora, en
vísperas de que se conozca la nueva ley secundaria y las modificaciones a
cerca de 11 ordenamientos, relacionados con telecomunicaciones y
radiodifusión, las presiones de Televisa. Y el pacto político con Peña
Nieto se ha fortalecido, según lo informó Proceso en esta semana.
Estamos
como en el escenario previo a la fusión Televisa-Iusacell. Se juega el
chantaje, el negocio, la cobertura favorable y la crisis michoacana que
obligan al gobierno federal a privilegiar el control de los medios de
comunicación masiva que le garantizan las televisoras.
¿Volveremos
a vivir en versión reforzada el nuevo sexenio de Televisa? Eso es lo
que está en juego. Está en duda el cumplimiento a la demanda que hizo
marchar en 2012 a cientos de jóvenes del #YoSoy132 y a muchos mexicanos
hartos del modelo de control informativo y de la tesis de la “televisión
para jodidos”. Está en juego, una vez más, la democratización del
régimen de medios en este país.
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